Redacción
Juan Sebastián Sosa
El Gobierno de Abelardo de la Espriella prepara una estrategia para trasladar a cabecillas criminales a “buques prisión” ubicados en altamar. La iniciativa busca aislar a internos considerados de alta peligrosidad que, pese a encontrarse privados de la libertad, presuntamente continúan impartiendo órdenes relacionadas con extorsiones, homicidios, narcotráfico y minería ilegal.
Los “buques prisión” formarían parte de la Estrategia de Reclusión Especial Marítima de Alta Seguridad (Remas), que contempla utilizar embarcaciones oficiales como centros transitorios de máxima seguridad. Funcionarios de los ministerios de Defensa y Justicia ya trabajan en los detalles de un decreto que permitiría realizar los traslados.
La estrategia pretende restringir las comunicaciones y el contacto de estos internos con sus redes criminales. Para hacerlo, el Gobierno plantea adecuar embarcaciones de la Armada Nacional y articular su funcionamiento con el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec).
De acuerdo con fuentes del Ejecutivo consultadas por El Espectador, el Gobierno ya tendría sobre la mesa una lista con los primeros 40 cabecillas que podrían ser trasladados. Paralelamente, se ultiman los detalles de las adecuaciones necesarias para recibir a los internos.
Así funcionarían los “buques prisión” del Gobierno de Abelardo de la Espriella
Según informó Blu Radio, el proyecto contempla transformar camarotes de las embarcaciones en celdas de aproximadamente cuatro por cuatro metros. Cada espacio tendría una litera y los internos permanecerían sin televisión, radio ni equipos de comunicación.
La rutina sería estricta. El primer conteo de internos se realizaría a las 5:00 a. m. y las visitas serían mensuales, bajo requisas exhaustivas antes del ingreso a las embarcaciones.
Los presos podrían conservar únicamente un libro y cerca de 16 elementos de aseo. Además, tendrían que participar en las labores de limpieza del buque y recibirían la misma alimentación suministrada a la tripulación.
El tiempo de exposición al sol sería de aproximadamente 30 minutos diarios. Durante ese periodo, los internos permanecerían esposados y bajo vigilancia.
Dependiendo de su nivel de peligrosidad, algunos también tendrían que utilizar chalecos antibalas durante estos espacios. Las restricciones forman parte del esquema planteado para mantener un alto nivel de seguridad dentro de las embarcaciones.
Documentos borradores conocidos por El Tiempo señalan que los buques estarían ubicados en dos puntos del país: en el Caribe, cerca de Cartagena, y en el Pacífico, en aguas próximas al puerto de Buenaventura.
La vigilancia de los internos quedaría a cargo del Inpec, mientras que la Policía se encargaría de los sistemas inhibidores instalados en las embarcaciones para reforzar las restricciones sobre las comunicaciones.
Estos serían algunos de los cabecillas trasladados a los buques
El Inpec entregó al Gobierno una primera lista de 40 cabecillas que podrían ingresar a la Estrategia de Reclusión Especial Marítima de Alta Seguridad. Los nombres fueron compartidos antes del consejo de seguridad encabezado por De la Espriella en Barranquilla.
Entre los mencionados aparecen el “Negro Ober” y Digno Palomino. También figuran alias Marihuano y “Carnal”, relacionados con Santander. La lista incluye a “Robincito”, quien seguiría manejando actividades delincuenciales en Magdalena, y a “Juanito”, señalado en el Meta.
También aparecen “Cabeza de Hacha”, “Chucho Rayo” y “Tinejo”, vinculados a extorsiones en Tolima. La intención del Gobierno es separar a este tipo de cabecillas de las redes de apoyo que tendrían fuera de prisión.
La estrategia apunta especialmente contra quienes están detrás de grandes redes de extorsión, así como contra jefes de organizaciones criminales que presuntamente siguen dirigiendo operaciones de narcotráfico y minería ilegal mientras permanecen recluidos.
La medida fue incluida entre las decisiones adoptadas durante el consejo de seguridad realizado el domingo 23 de agosto en Barranquilla. En esa jornada también se anunció el fortalecimiento de la seguridad con una parte de 2.000 nuevos policías, 50 integrantes de las Fuerzas Especiales del Ejército y 60 uniformados para controlar corredores estratégicos que conectan al Atlántico con otros departamentos.
Colombia ya utilizó buques para recluir a grandes capos
La utilización de embarcaciones para aislar a cabecillas criminales ya tiene antecedentes en Colombia. En 2007, durante el gobierno del entonces presidente Álvaro Uribe, se recurrió a esta alternativa con dos poderosos capos que conservaban influencia sobre sus estructuras pese a estar privados de la libertad.
Uno de ellos fue Carlos Mario Jiménez, alias “Macaco”, jefe paramilitar del Bloque Central Bolívar. Tras el anuncio de su extradición a Estados Unidos, fue retirado de la cárcel de Itagüí y trasladado bajo un amplio operativo de seguridad a una fragata de la Armada en el Caribe.
La estrategia también se utilizó con Diego Fernando Montoya, alias “Don Diego”, jefe del Cartel del Norte del Valle. Después de su captura en septiembre de ese año, fue recluido en un buque de la Armada ubicado en el Pacífico.
Con ambos traslados, el propósito era cortar las comunicaciones de los capos y evitar que continuaran impartiendo instrucciones a sus organizaciones desde los lugares de reclusión.
Ahora, el Gobierno de Abelardo de la Espriella busca retomar una estrategia similar, pero bajo un esquema que contempla inicialmente a decenas de cabecillas y dos zonas marítimas para su implementación.
Los obstáculos jurídicos que podrían enfrentar los “buques prisión”
La puesta en marcha de la estrategia podría enfrentar cuestionamientos judiciales. El Ejecutivo prevé que los abogados de los internos recurran a acciones legales para intentar impedir los traslados hacia las embarcaciones.
Fuentes de la Casa de Nariño explicaron que uno de los principales argumentos podría ser el derecho al arraigo, entendido como la posibilidad de que una persona privada de la libertad conserve sus vínculos familiares, sociales y territoriales. También podrían presentarse cuestionamientos relacionados con la unidad familiar, debido proceso, derecho a la defensa y dignidad humana.
Otro punto de discusión sería la habilitación de los buques como lugares de reclusión. Las defensas también podrían cuestionar las condiciones de aislamiento si estas dificultan la comunicación de los internos con sus abogados.
Ante este escenario, el Ministerio de Justicia prepara respuestas frente a los posibles recursos jurídicos. El Gobierno deberá sustentar las condiciones de los traslados y las razones de seguridad que utilizará para justificar la aplicación de la estrategia.
La propuesta se encuentra en preparación y, según la información entregada, los ministerios de Defensa y Justicia trabajan en el decreto que permitiría implementar el modelo y trasladar a los internos seleccionados.
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