El excanciller Álvaro Leyva volvió a encender la controversia política en Colombia tras publicar un nuevo comunicado en el que responde a la acusación de la Fiscalía por el caso pasaportes y lanza fuertes señalamientos contra el presidente Gustavo Petro. El pronunciamiento se da a pocos días de la audiencia de acusación, programada para el 23 de abril a las 3:00 p. m., en la Corte Suprema de Justicia.

En su mensaje, Leyva no solo defendió su actuación frente al proceso de licitación, sino que elevó el tono de la confrontación política al acusar directamente al mandatario de encabezar una supuesta persecución en su contra. Además, lo calificó como “jefe de la mafia” y aseguró que el presidente ha actuado de manera irregular en distintos escenarios públicos.

El caso pasaportes se ha convertido en uno de los episodios más sensibles del Gobierno Petro, al involucrar decisiones clave de política exterior y contratación pública. En este contexto, las declaraciones del exministro abren un nuevo frente de tensión institucional y política en el país.

Leyva responde a la Fiscalía por el caso pasaportes

Álvaro Leyva centró gran parte de su comunicado en cuestionar el proceso judicial que enfrenta por el delito de prevaricato por acción. Según el excanciller, la acusación de la Fiscalía no tiene sustento jurídico y responde a una supuesta retaliación por sus denuncias contra el Gobierno nacional.

En su declaración, insistió en que su decisión de declarar desierta la licitación de pasaportes se basó en irregularidades detectadas en el proceso. Aseguró que actuó conforme a la Constitución y que su intención fue garantizar condiciones de transparencia e igualdad en la contratación pública.

“Hace algún tiempo denuncié en un comunicado público que Gustavo Petro ha urdido contra mí una persecución atroz, como retaliación ante mis denuncias de su cercanía al mundo de la droga, que han llevado a que los Estados Unidos lo tengan hoy arrinconado. Allí advertí que, desde el gobierno, se estaba intrigando para meterme preso y que se atentara contra mi vida”, señaló Leyva.

El exministro cuestionó la interpretación de la Fiscalía sobre su actuación. Según dijo, el ente acusador considera que incumplió la ley al declarar desierta la licitación, pese a que, en su versión, buscaba corregir fallas estructurales del proceso.

“Para el ente acusador, no debí haber cumplido la obligación de aplicar la Constitución que yo mismo ayudé a redactar y, por buscar la igualdad, obré en dolo. El mundo al revés”, afirmó.

Leyva también advirtió sobre las implicaciones que tendría este caso para otros funcionarios públicos. En su opinión, aceptar la tesis de la Fiscalía podría generar un precedente que afecte la toma de decisiones en procesos contractuales del Estado.

“Entiéndase la gravedad: si se acepta esa tesis, el funcionario que declare desierta una licitación porque encuentra un pliego de condiciones inconstitucional o ilegal, se debe ir preso. De manera que, ante semejante cosa, bienvenido sea el juicio. Daré la batalla en la Corte Suprema con toda fortaleza”, sostuvo.

Las duras acusaciones de Leyva contra Gustavo Petro

Más allá de su defensa jurídica, el comunicado incluyó fuertes señalamientos personales y políticos contra el presidente Gustavo Petro. Leyva aseguró que pasó de ser un aliado cercano a convertirse en denunciante tras conocer lo que describió como comportamientos cuestionables del mandatario.

“Hoy siento el orgullo de haber ayudado a desenmascarar al jefe de la mafia que tiene sumida a Colombia en sus horas más oscuras. Asumí como su Canciller con la esperanza de un cambio. Pero luego conocí su vida de vicio y decadencia”, afirmó.

En uno de los apartados más polémicos del documento, el excanciller lanzó acusaciones directas sobre la conducta del presidente en escenarios públicos e internacionales, elevando aún más la tensión política.

“El presidente es un ser infame: la trata de blancas internacionales es un azote de las niñas pobres de Colombia y él, en plena visita de Estado, termina de cliente de un burdel en Lisboa; dice ser un adalid de la paz, pero lleno de odio divide violentamente a la sociedad”, expresó.

Leyva también aseguró que el mandatario actúa bajo efectos de sustancias en sus intervenciones públicas, una afirmación que no ha sido sustentada con pruebas en el comunicado. “Dice combatir el narcotráfico, pero sale a la plaza pública drogado, ebrio de alcohol y sectarismo, a maltratar e insultar contradictores, mientras en los Estados Unidos se investigan sus vínculos con los narcos”, agregó.

Estas declaraciones profundizan la ruptura entre ambos, que en el pasado mantuvieron una relación política cercana dentro del Gobierno.

¿Qué viene en el proceso judicial contra Álvaro Leyva?

El proceso contra Álvaro Leyva avanza en la Corte Suprema de Justicia, donde deberá responder por el delito de prevaricato por acción en el marco del caso pasaportes, tras declarar desierta la licitación en la que estaba como único oferente Thomas Greg & Sons. La audiencia de acusación está prevista para el 23 de abril a las 3:00 p. m., un momento clave que definirá el rumbo del proceso penal.

Según la Fiscalía, el exministro habría emitido actos administrativos contrarios a la ley para frenar la licitación 001 de 2023, que buscaba garantizar la expedición de pasaportes en el país. El ente acusador sostiene que su decisión fue arbitraria y motivada por factores ajenos al ordenamiento jurídico.

El caso se remonta a septiembre de 2023, cuando Leyva declaró desierta la licitación, en la que la empresa Thomas Greg & Sons era la única oferente que cumplía con los requisitos. Esta decisión generó una crisis en la expedición de pasaportes y abrió múltiples investigaciones.

En el ámbito disciplinario, la Procuraduría ya impuso una sanción de destitución e inhabilidad por 10 años para ejercer cargos públicos, decisión que fue confirmada en segunda instancia.

En lo penal, el proceso continuará con la etapa preparatoria y posteriormente el juicio oral, donde la defensa podrá controvertir las pruebas presentadas por la Fiscalía. De ser hallado culpable, Leyva podría enfrentar una condena de entre tres y ocho años de prisión.

El caso quedó en manos de la magistrada Blanca Nélida Barreto, quien dirigirá la audiencia en la que se formalizarán los cargos. Este proceso no solo definirá la situación judicial del excanciller, sino que también tendrá implicaciones políticas en medio de la creciente tensión entre distintos sectores del Gobierno.

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