El sistema de clasificación socioeconómica en Colombia, que durante más de tres décadas ha definido el acceso a subsidios y servicios públicos, enfrenta su transformación más profunda. Este modelo, creado en los años 80 y 90 para facilitar la expansión de infraestructura eléctrica y de agua, hoy es cuestionado por no reflejar con precisión la realidad económica de muchos hogares.

La discusión volvió a tomar fuerza por los plazos establecidos para la reglamentación del Registro Único de Ingresos (RUI), contemplado en el Plan Nacional de Desarrollo 2022-2026. Este instrumento busca cambiar la forma en que el Estado identifica a los beneficiarios de ayudas sociales en el país.

El Gobierno Nacional, encabezado por el presidente Gustavo Petro, avanzaría durante el primer semestre de 2026 en la implementación progresiva de un nuevo modelo para asignar subsidios. La propuesta no elimina automáticamente la estratificación, pero sí cambia el criterio central para otorgar apoyos.

Históricamente, la estratificación se ha basado en las características físicas de las viviendas y su entorno geográfico. Colombia está dividida en seis niveles: los estratos 1, 2 y 3 reciben subsidios en servicios públicos; los estratos 5 y 6 pagan una contribución adicional; y el estrato 4 cubre el costo real de la tarifa.

Aunque en el debate público se habla de la desaparición de los estratos, lo que realmente está en marcha es un cambio en la focalización del gasto social. El nuevo enfoque busca priorizar el ingreso real de los hogares sobre la condición de la vivienda.

¿Qué es el Registro Único de Ingresos y por qué cambiaría los subsidios en Colombia?

El artículo 70 de la Ley 2294 de 2023 estableció el Registro Único de Ingresos como un sistema de información para la política social. Será administrado por el Departamento Nacional de Planeación (DNP) y su propósito es que las transferencias y subsidios se asignen con base en ingresos reales o estimados.

El eje central del cambio es que el RUI pretende convertirse en “el único instrumento de focalización del gasto público social”. Para lograrlo, integrará información autorreportada por los hogares con registros administrativos, como datos tributarios y de seguridad social.

El objetivo es tener una “radiografía” más precisa de la capacidad de pago de los hogares colombianos. De esta manera, el Estado podría clasificar a toda la población según su capacidad real de generación de ingresos y no únicamente por la zona donde vive.

Esto implicaría que una familia que habita en un barrio de estrato alto, pero que tiene ingresos bajos, pueda acceder a subsidios. En contraste, hogares ubicados en sectores tradicionalmente clasificados como estratos bajos, pero con mayores ingresos, podrían recibir menos ayudas.

Actualmente existen miles de ciudadanos que viven en inmuebles catalogados como estrato alto por herencia o por cambios en el entorno, pero no cuentan con ingresos suficientes para cubrir sus necesidades básicas. El RUI busca corregir esas distorsiones.

El Plan Nacional de Desarrollo plantea que la estratificación seguirá existiendo como herramienta legal, especialmente en la estructura tarifaria de los servicios públicos. Sin embargo, dejaría de ser el criterio principal para asignar subsidios.

¿Cómo funcionará el nuevo sistema para asignar subsidios en 2026?

A diferencia de las encuestas presenciales del Sisbén o la clasificación fija por fachada, el RUI se alimentará de un cruce masivo de datos administrativos en tiempo real. El sistema consolidará información oficial para determinar con mayor precisión los ingresos de cada hogar.

Entre las fuentes de información estarán la DIAN, con declaraciones de renta y patrimonio; la PILA, con datos de aportes a seguridad social y salarios; registros de salud y educación; y bases de datos de propiedad raíz y vehículos.

Según el calendario oficial, el cambio comenzaría a operar de manera progresiva durante el primer semestre de 2026. No obstante, los estratos se mantendrán vigentes en la normatividad territorial mientras se realiza el proceso de ajuste.

Todo indica que la implementación podría darse antes de que finalice el Gobierno de Gustavo Petro, cuyo mandato termina oficialmente el 7 de agosto de 2026. La transición sería gradual para evitar afectaciones abruptas en la asignación de ayudas.

El DNP sostuvo que este cambio influirá directamente en el Sistema de Identificación de Potenciales Beneficiarios de Programas Sociales (Sisbén). La idea es que los hogares puedan reportar de forma más precisa sus ingresos y corregir errores en su clasificación actual.

Dentro de los escenarios contemplados, adultos mayores que vivan en barrios tradicionalmente acomodados podrían recibir beneficios como la devolución del IVA o acceder a programas como Colombia Mayor, siempre que su situación económica lo amerite.

Todo el proceso dependerá de la plena implementación del Registro Único de Ingresos, que buscará integrar todas las bases de datos relevantes para evitar exclusiones o asignaciones erróneas y lograr una gestión más equitativa de los subsidios.

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