La investigación contra el congresista Wadith Manzur por el escándalo de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd) sigue revelando detalles que agravan su situación judicial. Chats, testimonios y documentos recopilados por la Corte Suprema de Justicia muestran presuntas presiones políticas y acuerdos irregulares relacionados con contratos financiados con recursos de esa entidad.

El caso tomó mayor relevancia luego de que Manzur y la congresista Karen Manrique fueran capturados por orden de la Corte Suprema, en medio de la investigación por el presunto saqueo de la Ungrd. Ambos habían celebrado recientemente sus resultados electorales: Manzur logró 134.914 votos para saltar de la Cámara de Representantes al Senado por el Partido Conservador, mientras que Manrique buscaba repetir curul en la Cámara como representante de víctimas por Arauca.

De acuerdo con la investigación del alto tribunal, el proceso ha dejado al descubierto un presunto esquema de presión política en el que varios congresistas habrían condicionado su actuación legislativa a la asignación de contratos. El expediente menciona también a Julián Peinado, Liliana Bitar, Juan Pablo Gallo y el excongresista Juan Diego Muñoz, quienes fueron llamados a juicio dentro del mismo proceso.

El presunto esquema de presión política ligado a contratos de la Ungrd

Según la acusación de la Corte Suprema de Justicia, Wadith Manzur es señalado de haber condicionado su función pública como integrante de la Comisión Interparlamentaria de Crédito Público (CICP) a la adjudicación de proyectos financiados con recursos de la Ungrd.

El alto tribunal sostiene que el congresista habría buscado que el Ministerio de Hacienda intercediera para facilitar proyectos en Saravena, Cotorra y El Carmen de Bolívar, territorios que recibirían recursos provenientes de la entidad encargada de gestionar desastres en el país.

Por estos hechos, el senador conservador enfrenta un llamado a juicio por el delito de cohecho impropio. La Corte considera que su conducta podría haber estado dirigida a obtener beneficios políticos y contractuales a cambio de su influencia en decisiones legislativas.

La investigación también señala que este tipo de prácticas no serían un hecho aislado. Según el documento citado por Semana, se trataría de “una práctica relativamente sostenida que venía ya teniendo lugar en la CICP desde antes de los hechos objeto de este proceso y que, probablemente, puede repetirse”.

Dentro de ese contexto, la Corte también analizó comunicaciones que evidenciarían discusiones sobre compromisos políticos previos relacionados con contratos.

Chats “extorsivos” que implican a Wadith Manzur

Entre las pruebas recopiladas por la Corte aparecen mensajes directos, testimonios de testigos y registros de reuniones, que, según el expediente, muestran cómo operaba la “red de presiones” para gestionar contratos financiados con recursos públicos.

La investigación señala que el modus operandi incluía mensajes insistentes antes de sesiones clave del Congreso, así como el uso de la aplicación de mensajería Signal, conocida por su alto nivel de privacidad, para discutir propuestas relacionadas con proyectos.

Según el documento judicial citado por El Tiempo, el congresista habría enviado varios mensajes a María Alejandra Benavides, entonces asesora del Ministerio de Hacienda, solicitando reuniones urgentes y planteando la necesidad de hablar con el ministro antes de discusiones legislativas.

En la acusación, la Corte describe uno de esos mensajes: “yo necesito hablar con él [el ministro Bonilla]”; “si no, no va a funcionar nada”; “cuando las cosas no salgan no digan después que uno es problemático”; “es más feo que yo no te diga nada y que solo te notifique en la sesión”.

Para el tribunal, estas expresiones reflejarían una presión directa antes de la discusión del proyecto de ley del Presupuesto General, sugiriendo que el comportamiento del congresista podría depender del cumplimiento de compromisos previamente planteados.

Reuniones, presiones y el rol del Ministerio de Hacienda

El expediente también señala que las comunicaciones no se limitaron a mensajes. Según la Corte, el 17 de octubre de 2023 Manzur intentó hablar directamente con el entonces ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, durante una sesión parlamentaria.

La acusación indica que la transmisión oficial de la plenaria muestra al congresista acercándose al atril donde estaba el ministro. Según el tribunal, allí se observa cómo el parlamentario permaneció varios minutos cerca del funcionario intentando conversar con él.

Posteriormente, el 31 de octubre, se concretó una reunión en la que participaron Manzur, la senadora Liliana Bitar y el congresista Julián Peinado junto al ministro Bonilla.

Según el expediente citado por Semana y El Tiempo, la Corte identifica dos características en este entramado. La primera es la forma opaca de comunicación, en la que algunos congresistas pedían usar aplicaciones de mensajería cifrada y entregaban propuestas en sobres sellados.

La segunda es lo que el tribunal describe como una “amnesia” de algunos ministros del Gobierno Petro, quienes, al ser citados a rendir versión, afirmaron no recordar detalles de los hechos investigados.

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