Redacción
Juan Sebastián Sosa
La Administración de Donald Trump retiró a Colombia de la lista de países que cumplen con sus compromisos internacionales en la lucha antidrogas. Según el Departamento de Estado, el Gobierno colombiano “incumplió manifiestamente” sus obligaciones en el último año, lo que llevó a aplicar una medida que no se usaba contra el país desde 1997, en el gobierno de Ernesto Samper.
El comunicado señaló directamente al presidente Gustavo Petro, asegurando que bajo su mandato los cultivos de coca y la producción de cocaína alcanzaron niveles históricos. Además, cuestionó sus intentos de acuerdos con grupos armados, a los que calificó de “narcoterroristas”, señalando que estos habrían exacerbado la crisis.
Junto a Colombia, otros países como Afganistán, Bolivia, Venezuela y Birmania fueron también excluidos de la lista por incumplimiento. Esta decisión marca un giro en la política exterior estadounidense hacia la región y pone presión adicional sobre el Gobierno colombiano.
El Departamento de Estado advirtió que, si no se adoptan “medidas agresivas” para erradicar la coca, reducir el tráfico de cocaína y responsabilizar a quienes se benefician de este negocio, Colombia podría enfrentar “graves consecuencias”.
Pese a la dureza del comunicado, Washington agradeció a las fuerzas de seguridad colombianas por su labor contra el narcotráfico y resaltó su valentía, sacrificios y capacidades en medio del complejo panorama.
¿Qué efectos tendría para Colombia la descertificación?
La medida tiene profundas implicaciones en la relación bilateral. Aunque no significa una ruptura, sí coloca a Colombia en el ojo crítico de la política exterior estadounidense y bajo presión internacional.
El proceso de certificación en la lucha contra las drogas surgió en 1961 y se fortaleció en los años ochenta con nuevas leyes antidrogas. Desde entonces, el presidente de EE. UU. debe informar al Congreso sobre los países que cumplen o no sus compromisos. Ser descertificado implica una señal de alerta diplomática.
Entre las posibles consecuencias están la suspensión de hasta el 50% de la asistencia exterior, restricciones a préstamos en organismos internacionales como el FMI y limitaciones a programas de cooperación. No obstante, se exceptúan ayudas humanitarias y proyectos antinarcóticos.
Analistas como Javier Garay Vargas, en diálogo con NTN24, destacan que el incumplimiento se ha dado en varios frentes: erradicación, interdicciones y control de cultivos. Además, advierten que esta medida refleja una creciente distancia entre las políticas de Washington y las del Gobierno Petro.
En resumen, la descertificación no rompe la alianza, pero sí eleva la exigencia sobre resultados concretos. Colombia deberá mostrar avances verificables si busca revertir la decisión en el futuro cercano.
Colombia rompió récord en cultivos de cocaína
El trasfondo de la medida está en las cifras históricas de los cultivos ilícitos en Colombia. Según datos de la ONU, el país alcanzó 253 mil hectáreas sembradas de coca, con una producción anual aproximada de 2.600 toneladas de cocaína.
Cuando Gustavo Petro llegó al poder, el país registraba 230 mil hectáreas. Aunque el aumento de los cultivos ha sido moderado (+10 % en 2023), la producción potencial del alcaloide se disparó un 53 %, cerrando con más de 2.600 toneladas de cocaína pura.
Uno de los factores claves fue la drástica caída en la erradicación forzada. En 2024 apenas se destruyeron 9.403 hectáreas, la cifra más baja en una década. Y en lo corrido de 2025, hasta julio, solo se habían eliminado 3.636 hectáreas, muy por debajo de la meta de 30.000 establecida por el Ministerio de Defensa.
Aunque se han incautado más de 800 toneladas en 2024 y 600 en lo que va de 2025, las cifras no han logrado contener el crecimiento de la producción, que sigue al alza.
Estas estadísticas se convirtieron en la principal base de la decisión de Trump, que cuestiona la efectividad de las políticas del actual Gobierno colombiano frente al narcotráfico.
¿Qué es el waiver y cómo afecta a Colombia?
A pesar de la descertificación, Colombia no quedó en el escenario más crítico. El país recibió un waiver, una figura legal que permite mantener la cooperación por considerarla “vital para los intereses nacionales de Estados Unidos”.
El waiver, contemplado en la Ley de Autorización de Relaciones Exteriores (FRAA), evita que se apliquen de inmediato sanciones automáticas como la suspensión total de asistencia o restricciones más severas. Sin embargo, impone un compás de espera condicionado de hasta 12 meses.
Esto significa que Colombia deberá mostrar resultados verificables en reducción de cultivos, erradicación e incautaciones para conservar la cooperación bilateral en los próximos reportes.
Organismos como AmCham explican que el waiver preserva la ayuda no humanitaria, pero bajo condiciones más estrictas, con mayor monitoreo y seguimiento. En la práctica, es un salvavidas temporal que mantiene los programas, pero aumenta la presión política sobre Bogotá.
En conclusión, la descertificación acompañada de un waiver envía un mensaje claro: la cooperación sigue, pero con la exigencia de resultados inmediatos. Colombia tiene un año para demostrar cambios reales en la lucha contra las drogas.
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