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21 junio, 2021

Ley de comida chatarra, una necesidad hecha realidad



Por:




Daniel González Monery

Desde el 2017, se han emitido 5 mensajes de bien público que buscan aumentar la conciencia sobre la necesidad que Colombia implemente medidas recomendadas para la reducción de los altos niveles de obesidad y sobrepeso en el país como: la reglamentación de sellos frontales de advertencia y la restricción de la publicidad de productos ultraprocesados dirigidos a niñas, niños y adolescentes.

Finalmente, luego de una larga historia de años de intentos que se perdían en la espesa manigua congresional, entre los intereses particulares y los políticos, quienes impulsaban la Ley conocida como de la comida chatarra, vencieron el lobby implacable que los había bloqueado por años y hoy el país cuenta con esa normatividad que apunta a la protección de la salud de los colombianos, especialmente los niños, pero también, y este puede ser el contenido más importante, a la transparencia sobre los aspectos alimenticios.

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Tal como fue aprobada, a falta solo de conciliación, estudio constitucional y sanción presidencial, la nueva Ley establece que a los productos comestibles o bebibles, clasificados en relación con su nivel de procesamiento con edulcorantes o que tengan una cantidad excesiva de nutrientes críticos como azúcares, sodio o grasas saturadas, se les debe identificar con sellos frontales de advertencia en sus empaques, de acuerdo con la manera como en adelante lo defina el Ministerio de Salud y Protección Social, lo cual sigue dejando en manos de los consumidores la decisión de si ingerir o no esos alimentos y en qué cantidad, solo que ahora lo haga de manera más informada y consciente.

La industria de “comida chatarra”, de saturados, refinados y procesados, alega que el hecho de existir no los hace culpables de la obesidad porque en ningún momento promueven el consumo desmesurado de su producto. Si bien eso es cierto, no permite que se haga la advertencia a los compradores, ni acepta que se le suba el costo de producción ni que se le baje el margen de ganancia, y desdice de toda evidencia fáctica sobre el efecto perverso de su consumo en la malnutrición, con particular preocupación, de los menores de edad, desde que son bebés hasta la adolescencia.

Sabemos que en Colombia, la mala nutrición se está convirtiendo en una de las mayores amenazas de salud para todos, pero, muy especialmente, en niños y jóvenes. Esto quedó confirmado con la encueta nacional de salud escolar, presentada por el Ministerio de Salud en noviembre de 2019, en la que se informa que el 73% de los adolescentes consume bebidas azucaradas al menos una vez al día, 1 de cada 10 estudiantes consume frutas y verduras y que el 82% come pasabocas de paquete.

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La obesidad, es un grave problema de salud pública en todo el mundo y, por supuesto, Colombia no es la excepción. En el país, más de la mitad de los adultos, entre 18 y 64 años, son obesos o tienen sobrepeso. Más precisamente, según el Ministerio de Salud, uno de cada cinco colombianos es obeso.

Una condición que acarrea graves riesgos sobre la salud porque puede llevar a problemas de hipertensión, diabetes, enfermedades cardiovasculares, entre otros padecimientos. En el caso del COVID-19, la obesidad es un factor de riesgo importante. Los efectos sobre la economía son significativos (4% del Producto Interno Bruto, según la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, OCDE).

Los expertos señalan que las causas de la obesidad se encuentran directamente relacionadas con los malos hábitos alimenticios y las rutinas laborales que no favorecen la actividad física y que, muy por el contrario, propician el sedentarismo. Una de las recomendaciones, principalmente de la Organización Mundial de la Salud, para combatir ese flagelo, es establecer el etiquetado frontal de los alimentos.

En general, el etiquetado permite conocer un producto y ya se hace; en el caso del etiquetado frontal, la idea es advertir acerca del excesivo contenido de azúcar, grasas saturadas y grasas trans que puedan contener ciertos alimentos y bebidas y que por su alto contenido calórico pueden afectar la salud de las personas. El etiquetado se hace de acuerdo con perfiles de nutrientes de las organizaciones internacionales de salud.

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Es por todo esto, que el proyecto, sin duda, constituye dar un paso adelante, y muy importante, en la política de protección del derecho a la salud de los colombianos. Al orientar al ciudadano en la elección de alimentos saludables, cumple el cometido de darle una mayor información a los hogares para que tomen sus decisiones de consumo en las mejores condiciones posibles, que debe de todas formas acompañarse con campañas de educación para el consumo de alimentos. Se fortalece el principio de la soberanía del consumidor para guiar la política pública.

La nueva Ley, tiene contenidos y propósitos de la mayor importancia para la salud alimentaria de los colombianos y, repito, principalmente para los niños que suelen ser los que en mayor cantidad consumen y están expuestos a esta clase de alimentos que, según expertos, pueden causar aumento descontrolado del peso corporal, además de que para niños y adultos puede también tener implicaciones sobre la resistencia a la insulina, aumento de la presión arterial, aumento del riesgo de arteriosclerosis, déficit de vitaminas, además de que puede también esta clase de comida causar adicción.

Con todos estos riesgos, lo mínimo que podía hacer el país era legislar al respecto y definir, como se hizo, por fin, varios tipos de control a esta clase de comida y, como es lo debido, dar prioridad a la salud pública sobre cualquier otra consideración.

Si bien se ha avanzado mucho, todavía hay mucho por hacer. Pero el primer paso decisivo ya lo estamos dando y en el futuro, será distinguir lo que nos hace daño de una manera clara y veraz, con un rotulado simple, como el de los sellos negros de Chile. La información es un derecho y debemos ejercerlo para poder reclamar el que viene a continuación: la alimentación adecuada y sin publicidad engañosa.

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Yo sé, que, con información mucho más clara a su alcance, muchas personas optarán en lo sucesivo por construir hábitos de alimentación mucho más saludables. A nadie le gusta estar enfermo y con pedagogía y acciones como esta, estoy seguro que la prevención de enfermedades será mucho más efectiva a través del tiempo.

Si el tiempo nos da la razón, y cada vez menos personas prefieren el consumo de ultra-procesados, las proyecciones de este modelo en otros países nos permiten prever una reducción de aproximadamente 13% en el índice de personas que sufren enfermedades crónicas no transmisibles en el país.

Parece muy poco, pero no lo es si tenemos en cuenta que son estas mismas enfermedades las que terminan cobrando más vidas en el país y las que más le cuestan al sistema de salud, pues su atención se extiende por décadas.

Cierro, reiterando que es un motivo de alegría para mí ver que el etiquetado frontal de alimentos salió adelante, que pronto será una realidad, y que esto se debe tanto al arduo trabajo de un montón de personas, sobre todo a la activa participación y veeduría ciudadanía de la que fuimos testigos en la última semana.

El Congreso, por lo general actúa casi siempre desconectado de los clamores de la ciudadanía, pero cuando es esta la que toma las riendas de las discusiones, vemos que las propuestas de calidad que benefician a la mayoría, avanzan con éxito.

¡Bienvenida sea la Ley de la “comida chatarra”! Esta era una necesidad postergada y hoy es una victoria en la guerra por un país y un mundo mucho más consciente y saludable.

La columna escrita por Daniel González Monery no representa la línea editorial del medio