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Imagen: EFE

La otra pandemia del hambre y la pobreza



Por:




Daniel González Monery

La grave crisis provocada por la pandemia de COVID-19, ha servido para desnudar la otra grave situación de pobreza, hambre y marginalidad que vive la mayoría de los hogares colombianos.

Millones de personas se levantan, a diario, sin trabajo y, para terminar de rematar, con la incertidumbre de no saber qué van a comer durante la semana o, incluso, durante el mismo día.

El país, se enfrenta a la pandemia del hambre y la pobreza, una viejísima pero silenciosa enfermedad social que hoy, en la coyuntura del estallido social actual, se hace aún más palpable.

La pandemia de covid 19 borró años de progreso social en Colombia. El deterioro social es de tal magnitud que estamos tarde en proponer las reformas estructurales que requiere Colombia.

Como todos los análisis anticiparon, la crisis económica derivada del coronavirus empobreció aún más a los ciudadanos vulnerables y empujó a la pobreza a amplios sectores de la clase media por la pérdida irreversible de sus empleos e ingresos.

Hoy conocemos las cifras oficiales, pero las repercusiones de esta dramática, realidad reflejada en una avalancha de necesidades básicas insatisfechas, están impactando a millones de familias desde hace más de un año y, lo que es peor, tras la embestida del feroz y prolongado tercer brote las esperanzas de revertir esta calamidad en el corto plazo se van diluyendo. Cada vez resulta más distante encontrar luz al final del túnel.

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Según el Departamento Administrativo Nacional de Estadísticas, DANE, 21,2 millones de pobres tiene hoy Colombia, 3,5 millones más que en 2019, mientras que 2,8 millones de ciudadanos cayeron en la pobreza extrema elevando a 7,4 millones el número de personas que en la actualidad no cuentan con recursos para asegurar, entre otras cosas esenciales, su alimentación básica.

El DANE, también estima que una familia está en pobreza extrema cuando no logra los 470.000 pesos mensuales para evitar desnutrición y poder comer las 2.000 calorías diarias que, se supone, todo cuerpo necesita.

Antes de la pandemia, en 2019, ya se venía incrementando la pobreza extrema en 15%, para llegar a casi 4,7 millones de personas consumiendo insuficientes alimentos. La cuarentena llevó algo que iba mal hacia lo grave.

En esta fotografía del DANE sobre la fragilidad de los hogares en el país, la Colombia urbana fue la que más se precarizó, especialmente en Bogotá, con un 12,4%, Cali, con 34,5% y Medellín con 32,9%.

 Luego aparecen Barranquilla y los municipios de su área metropolitana, donde 307.578 personas entraron en pobreza monetaria, y 177.421 en extrema, lo que incrementó a 1.043.459 el número de pobres en este territorio del Atlántico, el 48,9% de sus habitantes.

Como si fuera poco, actualmente, Colombia tiene 7 millones de habitantes desnutridos, lo que equivale al 14% de su población. El escenario crítico es claro. Durante los últimos años, Colombia ha visto cómo el número de personas que no ingieren suficientes alimentos ha aumentado drásticamente de 4,4 a 7 millones.

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Un aumento de casi 6 puntos porcentuales es catastrófico desde donde se le mire. El 54% de la población de nuestro país vive inseguridad alimentaria. Uno de cada diez niños, menores de 5 años, sufre desnutrición crónica.

Un país que desperdicia el 34% de la comida producida, (9,7 millones toneladas), no se puede permitir tanta hambre entre su gente. Nadie entiende las imágenes de paperos perdiendo su producto, botándolo, mientras que mucha gente, sobre todo, los niños pasan hambre en sus casas. Frente a esta aberración, de manera extraordinaria, el Gobierno debería comprar la cosecha campesina.

La crisis del hambre y la pobreza, explotó con el aislamiento obligatorio del Gobierno. Esta situación provocó que sobre todo los grupos más vulnerables, aquellos que viven en la informalidad y cuyos ingresos depende de su trabajo diario, comenzaran a sentir el hambre y la penumbra de la pobreza.

Los desafíos que tiene por delante el Gobierno colombiano son enormes. Para abordar este problema, los programas públicos actuales están fallando. Aunque se han entregado un millón de mercados en todo el país, muchos municipios los han perdido por corrupción o falta de capacidad logística.

Nos encontramos frente a un modelo económico construido sobre la idea de que cada uno debe buscar la manera de sostenerse y sobrevivir. Que el bienestar económico de cada ciudadano depende del trabajo que cada uno realice.

De allí que deba reconocerse que la crisis del hambre y la pobreza, que pasa el país, dejó venirse desde hace ya varias décadas. La economía ha dejado construir una serie de variables que han llevado a que hoy se viva la crisis del hambre y la pobreza.

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Entre ellas, una tasa de desempleo cercana a los 20 puntos, que ha creado alrededor de cinco millones de personas desocupadas; y nueve millones de víctimas del conflicto, la gran mayoría de ellas, viviendo en los cinturones de miseria de las ciudades.

En este sentido, es urgente que como sociedad pensemos mejor la manera cómo podemos atender la pandemia del hambre y la pobreza. Debemos ser innovadores, creativos e inteligentes en la forma como debemos atender la crisis del hambre y mejorar las redes de protección social.

La gente que hoy está en la calle, protestando pacíficamente, no está pidiendo limosna. Están pidiendo sus derechos. La crisis del hambre y la pobreza, a mi parecer, debe atenderse al menos desde dos frentes: por un lado, continuar con el apoyo con programas de seguridad alimentaria con el que se construya en el país el derecho a la alimentación; y a la vez, trabajar en generar capacidades de empleo e ingresos para que esta población salga adelante.

Urge contener este grave problema económico y social que lacera a generaciones enteras impidiéndoles tener un presente estable y, sobre todo, construir un futuro próspero. Encontrar soluciones a una crisis cada vez más descomunal requiere diálogo, cooperación y voluntad de los sectores políticos y económicos, pero antes que nada demanda una mirada empática y comprensiva frente al malestar e indignación de quienes hoy se sienten rehenes de una desigualdad creciente y acorralados por la falta de oportunidades.

Es indispensable intervenir para compensar los desequilibrios resultantes de la devastadora pandemia y otros asuntos estructurales sin solución heredados y también exacerbados por el Gobierno Duque.

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La debacle que atravesamos no se va a resolver por sí sola, y el panorama inmediato resulta desolador. No es de extrañar que los ánimos estén exaltados y la crispación alcance niveles extremos que derivan en intolerables hechos violentos que nadie debería consentir. Aislar a los vándalos es una responsabilidad indeclinable de una sociedad que debe resguardar su legítimo derecho de levantar su voz de protesta.

La factura que pasa a diario la covid con su escalada de contagios y muertes es impagable; los reiterados cierres de sectores productivos en incipiente recuperación agravarán la profunda crisis económica; los estudiantes, otra vez encerrados en casa ante el descontrolado brote, seguirán resignando sus posibilidades de un adecuado aprendizaje; y el hueco fiscal, cada vez más grande.

Ojalá, nuestra clase dirigente entienda que tiene el compromiso histórico de avanzar en salidas justas y pragmáticas superponiendo el interés colectivo a los partidistas, evitando instrumentalizar el razonable malestar social de los ciudadanos.

No son tiempos para echar más leña al fuego, sino para ofrecer condiciones de vida digna a quienes lo han perdido casi todo, incluso la esperanza. Que no se les haga tarde para evitar que lo peor esté por venir.

Porque, así como van las cosas, parece ser que la pandemia del hambre y la pobreza, claramente sobrevivirá a la emergencia sanitaria, lo cual es sumamente alarmante puesto que para ésta, a diferencia de la del Covid, no ha habido, ni hay, ni habrá, proceso de inmunización masiva que la contenga y, mucho menos, que la elimine de la faz de la tierra.

La columna escrita por Daniel González Monery no representa la línea editorial del medio

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