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Enrique-Rafael-Vives-Caballero
Imagen: Archivo particular

Enrique Vives y las 6 víctimas mortales de Santa Marta



Por: Redaccion Ultimahoracol




Nadie imaginó, ni en Santa Marta ni en Colombia, que el pasado lunes 13 de septiembre, esta ciudad del Caribe colombiano despertaría con imágenes tristes y fuertes, pues los cuerpos de seis jóvenes, del sector La Gaira, yacían muertos y desmembrados en un tramo de la troncal del Caribe.

Hablar de la crudeza de las imágenes por supuesto que está de más, pues creo que centrarnos en el morbo de lo escabroso, re-victimizaría a las familias víctimas, cuando lo más constructivo para este doloroso episodio es exigir justicia como sociedad, sin caer en el populismo punitivo, pero también este hecho debe conducirnos a múltiples reflexiones.

Han sido ya 7 días en los que la conversación del país, de los medios de comunicación y, sobre todo. de las redes sociales se ha centrado en la absurda muerte de estos seis muchachos que caminaban por la berma central de la Troncal del Caribe al regresar de la celebración del cumpleaños del, hasta ahora, único sobreviviente de esta tragedia, un jovencito de apenas 14 años, cuyo pronóstico es reservado.

La tragedia, fue el fatal resultado de una suma de hechos que no debieron pasar, pero que, finalmente, se conjugaron de manera mortal. Uno: un conductor, el empresario Enrique Vives Caballero, es un ingeniero eléctrico. Proviene de una familia prestante y poderosa de Santa Marta, los Vives, quienes se distinguen por dedicarse a la política en el departamento y además es primo en segundo grado del cantante Carlos Vives.

El coronel Jesús de los Reyes, comandante de la Policía de Santa Marta, reveló que no es la primera vez que el hombre se ve involucrado en accidentes de tránsito, pues presenta dos comparendos recientes, uno de ellos, por exceso de velocidad.

Enrique Vives, nunca debió combinar –así explique que solo fueron dos o tres cervezas– el alcohol con la gasolina, más en una vía tan peligrosa y transitada como la del escenario del dantesco episodio en donde quedaron tendidos y destrozados los cuerpos de las víctimas. El alcohol, hay que recordar para toda la vida, siempre restará capacidad de reacción y alerta hasta al conductor más avezado.

Dos: una vía como la Troncal del Caribe, que es una carretera de alta peligrosidad por su diseño y por la oscuridad que mantiene en muchas de sus zonas, debía, en ese fatídico momento y debería tener, de ahora en adelante, mejor iluminación y señalización para minimizar los riesgos de accidentes tan lamentables como este que hoy enluta a Santa Marta.

Sumado a lo anterior, es imperativo para las autoridades locales atender el alto índice de inseguridad en el sector, toda vez que en la vida real, está claro que usar un puente peatonal a altas horas de la madrugada, sin el acompañamiento de un policía, es estar expuesto a alguna agresión por parte de la delincuencia urbana, y si también se toma en consideración que la accidentalidad en la troncal del Caribe arroja al día de hoy 65 siniestros viales, con un aumento de victimas de 15 personas, podríamos estar ante la posibilidad de un descuido de las medidas de prevención, no solo por parte de los ciudadanos, sino también por parte del Estado.

Tres: la mala hora de seis víctimas que desprevenidamente regresaban a sus casas, y la existencia de un puente peatonal, a pocos metros de dónde fueron impactados por la camioneta, que podría haber salvado sus vidas si hubiera sido utilizado para cruzar la carretera. Que esta tragedia sea una señal de concientización para que en lo sucesivo usemos y respetemos los senderos, las cebras, los paraderos, los semáforos y, en general, toda norma de tránsito. Nuestra vida es primero.

Gaira, el humilde sector en el que Vives atropelló a las víctimas, es un barrio olvidado por el Estado, con recursos precarios. Un punto a favor que el abogado de Vives, Alex Fernández, también abogado de los jefes de los Urabeños, más conocido como el Clan del Golfo, está usando para apoyar la tesis de que el empresario no vio a las personas caminando por las calles cuando las atropelló debido a que no había alumbrado.

Pero, más allá de estas consideraciones, el hecho es que seis vidas que apenas comenzaban a construirse quedaron truncadas dejando una estela de dolor en estas familias y en este populoso sector de Santa Marta.

Sus muertes no pueden, en unos días, caer en el olvido social, sino que deben convertirse en la motivación suficiente para que las políticas públicas de seguridad vial en el Distrito y el Departamento, se enfoquen más en la preservación de la vida de cada ciudadano, que en la imposición y cobro de foto multas.

Ahora ese dolor está mezclado con ira, indignación y sed de justicia, la que tanto claman los amigos y familiares de las víctimas de este horrendo accidente por la dilación que ha tenido el proceso para imputarle cargos a Enrique Vives, quien sin ninguna autorización judicial de por medio fue trasladado por su custodio policial a una clínica psiquiátrica, justo cuando se disponían a presentarlo el miércoles pasado ante un juez de la república, bajo el argumento de padecer trastornos postraumáticos.

Una imagen que circuló en redes sociales durante esta semana en la que se le ve a Vives en una cama de un centro hospitalario, con decenas de cables sobre su cuerpo y una biblia a su lado, causó indignación durante todo el inicio del proceso judicial. Muchos hablaron en redes de un supuesto intento por dilatar las audiencias en su contra.

Uno de los derechos inherentes a todas las democracias es la garantía que tiene un acusado de poder ejercer su defensa jurídica y de recurrir para ello a todas las herramientas que brindan la ley y los códigos. Pero ese derecho no es absoluto: ni un acusado ni su abogado pueden obstruir la justicia con dilaciones injustificadas o con versiones y pruebas falaces. Que este sea o no el caso de Vives Caballero es algo que deberá determinar un juez. Pero lo cierto es que en nuestro sistema penal hacen carrera este tipo de prácticas dudosas.

¿En cuántos casos nuestra justicia impone condenas adicionales por tratar de hacerle trampas al sistema? Y, ¿qué tan probable es que un abogado, más aún si es de campanillas, reciba una sanción disciplinaria por promover o prestarse para tratar de meter esos ‘goles’ judiciales? Aquí hay otro boquete, entre los muchos que tiene nuestra justicia: demostrar –en procesos con todas las garantías, pero también con todo el rigor– que no todo vale para tratar de conseguir un fallo favorable.

Hoy, una semana después de los hechos, Vives sigue recluido en una clínica mental, aunque se espera que en las próximas horas se cumpla su envío a prisión. La juez del caso, Olmis Cotes, incluso tuvo que trasladarse al primer centro médico donde el responsable del accidente buscó refugio, en lo que las familias de las víctimas denunciaron como una maniobra para evitar las audiencias de legalización de captura e imputación de cargos por homicidio en la modalidad de dolo eventual.

La defensa, entre tanto, insiste en que el mortal accidente no fue responsabilidad del conductor, que manejaba bajo efectos del trago y con exceso de velocidad (en un tramo en el que el máximo permitido son 30 km/h), sino de los jóvenes, quienes, según su versión, invadieron el carril de la camioneta e incluso habrían corrido hacia ella, haciendo inevitable el fatal desenlace.

Como un atropello inaceptable a la dignidad de las víctimas habría que calificar la estrategia de defensa del conductor en caso de que se compruebe, como lo ocurrido ayer bien lo sugiere, que esta apuntará a la dilación.

Casos lamentables como estos que estremecen a un país, y en el que pareciera que todas las cartas están sobre la mesa, obligan a los operadores judiciales y al Ministerio Público, como ya lo está haciendo la Procuraduría, a exigirse a fondo para que la sociedad reciba el mensaje de que, más allá del dolor, la justicia obra claramente.

Las leyes colombianas contemplan penas y multas para hechos como el de Gaira, pero será la justicia la que determine el grado de responsabilidad, los agravantes y también los atenuantes que puedan caber dentro del proceso judicial por el que deberá responder, sin duda alguna, quien conducía el vehículo que acabó de un solo golpe con la vida de seis personas.

En definitiva, se necesita, por un lado, contrarrestar la falta de consciencia ciudadana sobre el grave peligro de no entregar las llaves cuando se consume licor. Pero, lo más importante, se necesitan más controles, campañas, y, sobre todo, más ayuda familiar. Lo que se haga, de ahora en adelante, es poco para frenar estas tragedias que cobran tantas vidas inocentes.

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