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HAITÍ
Imagen: EFE

El magnicidio en Haití y los mercenarios “made in Colombia”



Por:




Daniel González Monery

Son muchos los interrogantes que han surgido después de la captura de un comando de 26 exmilitares colombianos en Haití, señalados de asesinar al presidente Jovenel Moïse en la madrugada del pasado 7 de julio mientras este dormía en su residencia privada de, Puerto Príncipe, en compañía de su esposa, Martha Moise, quien inicialmente resultó herida pero finalmente salió ilesa del atentado.

Las razones por la que se llevó a cabo el crimen del primer mandatario son todavía motivos de investigación, pero las consecuencias políticas de un acto como este, condenable desde cualquier punto de vista que le mire, pone a Colombia en el mapa de los países exportadores de mercenarios. Esto no es nuevo, como lo han querido hacer ver algunos medios nacionales, constituidos en la “primera línea” de defensa de las acciones del Estado.

Según un artículo de la BBC Mundo, publicada en 2011, el asunto se remonta a varias décadas, y señala los destinos preferidos de estos comandos cuyos honorarios mensuales superaban los cinco mil dólares o 20 millones de pesos colombianos: Irak, Afganistán y, por último, Emiratos Árabes Unidos, donde, de acuerdo con la información suministrada por el más influyente diario del mundo, The New York Times, exmilitares colombianos le prestaban seguridad a la familia real y algunos poderosos empresarios y comerciantes.

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Ante las denuncias del diario neoyorquino, la respuesta del comando del Ejército fue un escueto comunicado en donde aseguraban se empezaría una investigación sobre el hecho, pero, al parecer, todo quedó solo en pronunciamiento.

La razón de estas denuncias, que pasaron inadvertidas para la prensa nacional colombiana, radicaba en que ese entrenamiento y preparación de los mercenarios se daba con la aprobación de oficiales del Ejército Nacional, en campamentos del Ejército y con personal y armas pertenecientes a las Fuerzas Militares.

De acuerdo con BBC Mundo, ante el interrogante de si la Cancillería Nacional estaba enterada de este asunto, la respuesta del Ministerio de Relaciones Exteriores fue la negación rotunda de esa información y cerrarle las puertas en las narices al corresponsal en Bogotá del influyente medio de comunicación inglés. Para completar, ni la Fiscalía General de la Nación ni la Procuraduría parecían tener información de un asunto que, a la luz de la norma internacionales y “la convención de Naciones Unidas contra el reclutamiento, la utilización, la financiación y el entrenamiento de mercenarios”, está tipificado como un delito grave.

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Los motivos, explica el diario, radicaban en que Colombia no hace parte de esa convención de la cual solo siete países latinoamericanos están en la obligación de penalizar la formación y el entrenamiento de mercenarios internacionales.

Solo hasta 2006, la preparación de exmilitares colombianos para participar en misiones de riesgo en el exterior empezó a conocerse con el estallido del escándalo de la firma privada estadounidense Blackwater, que reclutó a más de 40 exmilitares nacionales, entre oficiales, suboficiales y soldados profesionales, para hacer parte de una misión en Irak.

Uno de los requisitos para integrar estos comandos era, ante todo, ser un militar retirado. Es decir, tener experiencia en el manejo de armas de fuego, incluyendo granadas de fragmentación y explosivos. La edad no debía superar los 45 años y los contactos solo eran posible a través de llamadas telefónicas.

En una columna del 20 de mayo de 2011, publicada en la Revista Semana bajo el título “Sumercé…nario”, Daniel Coronell abordó este tema y aseguró que mucho de los mercenarios reclutados para cumplir misiones en el exterior carecían de una formación en el manejo de armamento y eran, por lo general, campesinos que prestaron su servicio militar, pero que ante la imposibilidad de tener un trabajo digno decidieron integrar estos grupo, preparados, generalmente, por oficiales retirados de las Fuerzas Militares con contactos en firmas privadas como Blackwate o Thor, que, según BBC Mundo, hoy cuentan con páginas web, redes sociales y un despliegue informativo en medios de comunicación internaciones.

Ante el escándalo suscitado por el asesinato del presidente Jovenel Moïse a manos de mercenarios colombianos, quedó en evidencia que el asunto de exmilitares, reclutados para llevar a cabo estas labores criminales no es nuevo, como lo han hecho ver algunas voces y medios de comunicación afines al gobierno. Se trata de una larga historia, con más de dos décadas, que ha sido minimizada por la prensa nacional y negada por los altos mandos de las Fuerzas Militares.

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Por supuesto, quedan muchas dudas y un mar de preguntas sobre la profundidad de las relaciones entre miembros activos de las Fuerzas Armadas con las firmas internacionales que reclutan exmilitares para prestar este tipo de servicios.

¿Para esto pagamos impuestos los colombianos? ¿Para que los suboficiales y soldados profesionales se jubilen a los 40 años y luego se conviertan en máquinas de matar?  Si se confirma que estos exmilitares son los autores de este crimen horrendo, no van a poder decir que estas son solo “manzanas podridas”, aisladas. De ser cierto, sería todo un costal lleno de manzanas podridas y Colombia, como siempre, la gran vergüenza del continente y el mundo entero.

Termino también preguntándome, ¿Será que nuestras Fuerzas Militares están formando soldados o sicarios? Peor aún, si ya sabemos que son capaces de aliarse hasta con el Diablo para alcanzar resultados, como en los “falsos positivos”, ¿hasta dónde serían capaces de llegar para embolsillarse siete mil dólares mensuales?

Sin lugar a dudas, este rosario de escándalos en un país serio sería una crisis institucional que llevaría a una reforma estructural, pero acá siempre se justifican estos hechos y se termina minimizando todo diciendo que son “unas manzanas podridas”.

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Así las cosas, hasta que no exista un cambio de doctrina que pasa por el cumplimiento de los derechos humanos seguiremos viendo más escándalos, que como en este caso de Haití ya llegaron al punto de asesinar a un presidente en ejercicio.

En definitiva, el tema de estos mercenarios “made in Colombia” parece que es más general de lo sospechado y el Gobierno Nacional tiene la responsabilidad y la obligación de revisarlo, porque cada vez es más difícil en el exterior cantar “ay, qué orgulloso, o más bien vergonzoso, me siento de ser un buen colombiano”.

La columna escrita por Daniel González Monery no representa la línea editorial del medio

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